La referente de FENAPES en Artigas, profesora Eliane Ignacio, se refirió a las recientes amenazas registradas en centros educativos y expuso la postura del sindicato docente frente a estos episodios, que han generado preocupación a nivel nacional.
Ignacio señaló que, tras los hechos ocurridos la semana pasada, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (FENAPES) mantuvo contactos permanentes con las autoridades de Secundaria, solicitando una intervención clara y una respuesta institucional ante una situación que, reconocen, no es sencilla de abordar. En ese sentido, remarcó que uno de los principales planteos fue evitar minimizar lo sucedido.
“Si bien se trata, por ahora, de episodios aislados, no dejan de ser hechos de violencia dentro de los centros educativos, lo que nos preocupa profundamente”, sostuvo. La docente advirtió que este tipo de actos atenta directamente contra la seguridad tanto de los estudiantes como de los trabajadores de la educación, generando un clima de alarma que es compartido por autoridades y docentes.
Desde FENAPES se insistió en la necesidad de adoptar medidas concretas y coordinadas con otros organismos del Estado, entendiendo que la problemática excede el ámbito estrictamente educativo. “Los centros educativos no pueden cerrarse, pero sí deben tomarse todos los recaudos necesarios”, enfatizó Ignacio, reiterando la importancia de no restar gravedad a las amenazas.
En las últimas horas, además, se registró un episodio de mayor entidad, en el que se constató la presencia de un arma —aunque fuera de aire comprimido— dentro de un centro educativo. Para la dirigente sindical, este hecho agrava el escenario, ya que, aun tratándose de este tipo de armamento, su uso indebido puede derivar en lesiones de consideración.
Ante esta situación, Secundaria comenzó a articular acciones con el Ministerio del Interior, organismo responsable de establecer las medidas de seguridad y colaborar en la definición de protocolos de actuación. Uno de los objetivos centrales, según indicó Ignacio, es lograr criterios unificados a nivel nacional, de modo que todos los liceos cuenten con lineamientos claros y homogéneos, especialmente en lo relativo a las sanciones, aspecto sobre el cual aún no hay definiciones concretas.
No obstante, la representante de FENAPES subrayó que el enfoque no debe limitarse a lo punitivo. “La sanción es un tema delicado y complejo, pero el abordaje tiene que ser integral”, afirmó. En ese marco, planteó la necesidad de una intervención articulada entre las instituciones educativas, las familias, el Ministerio del Interior y otros organismos estatales.
Ignacio también puso el foco en los factores sociales que, en muchos casos, subyacen a estos episodios y terminan manifestándose dentro de los centros educativos. Problemáticas como la pobreza o situaciones de vulnerabilidad social, señaló, requieren la intervención de áreas como el Ministerio de Desarrollo Social y políticas públicas sostenidas que contribuyan a prevenir estos conflictos.
Finalmente, expresó preocupación por el rol de las redes sociales en la propagación de conductas violentas. Según explicó, ciertos contenidos que circulan a nivel regional pueden ser tomados por algunos estudiantes como una forma de conducta a imitar. “Hay una exaltación de la violencia que desplaza otros valores fundamentales”, advirtió, y concluyó en la necesidad de reforzar el trabajo educativo en coordinación con las familias y el Estado para contrarrestar estas influencias.
